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El Ecuador es un país garantista de derechos, que vela y tutela por el bienestar de todos los ciudadanos por igual, reconociendo que existe cierto grupo de personas que por su condición física y mental deben tener prioridad, estas son las personas de la tercera edad, quienes se encuentran respaldados por el Estado al pertenecer al grupo de personas de atención prioritaria. Ahora bien, este grupo de personas, quien en su etapa adulta laboraron de manera continua y a su vez pertenecieron como afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, llegan a la etapa de la vejez con el derecho y la aspiración de jubilarse, es decir, empezar a recibir un rédito mensual por parte del Estado. Sin embargo, como requisito para jubilarse el afiliado debe cumplir 60 años de edad y 360 aportaciones, pero se crea una brecha de vulneración a derechos constitucionales al impedir el acceso a la jubilación cuando el empleador no ha pagado las aportaciones mensuales descontadas del salario al trabajador. Más grave aún es el hecho que se pretende hacer ante esta problemática que tiene el afiliado, pues el IESS con la finalidad de no perder el dinero que no cobró y recaudarlo de manera rápida, exige al trabajador el pago de la deuda de su empleador (incluido la mora), mediante un acto de simple administración denominado planillas excepcionales. Es este pequeño accionar es el centro de esta investigación al evaluar su poca factibilidad cuando existe retardo injustificado en el departamento de coactiva.
