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Las razones y finalidades que me motivan a discurrir sobre los gravitantes problemas nacionales que se analizan en este trabajo investigativo, se vinculan con el juzgamiento y la sanción que debe aplicarse por todos los medios de los que la legitimidad constitucional y legal dispone, así como tratar del compromiso de las Naciones para concertar instrumentos jurídicos comunes, en defensa de los derechos humanos a la par que activar el combate contra la corrupción en el sector público, tornándose imprescindible dedicar tiempo y esfuerzo, provisto de una correcta metodología investigativa a objeto de incorporar en mi estudio las Convenciones Internacionales en las que participó o a las que se adhirió nuestro país; para estructurar un concierto de voluntades nacionales vinculadas con la ética en la Función Pública, que en diversos países, entre los cuales el Ecuador no es una excepción, se han sustraído recursos públicos en provecho personal, valiéndose del innoble sometimiento de una función respecto de otra, esencialmente de la ejecutiva sobre la judicial, para alcanzar la impunidad por la comisión de graves delitos, entre los que se cuenta la propiedad ilícitamente adquirida de bienes de toda índole, sin que haya existido normativa específica que permita al Estado recuperarlos, siendo imprescindible destinar espacios importantes de esta obra, para que el daño producto de la corrupción sea castigado, no solo con la penalidad merecida, sino a través del derecho estatal de repetición constitucionalmente estatuido; he considerado además que la dirigencia de los partidos y movimientos políticos, deben restaurar la confianza del pueblo ecuatoriano, para que los recursos de la Nación no sean mal usados y abusados, en beneficio ajeno al interés de la colectividad nacional.
