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En este libro de Fernando M. Fernández se refiere a las hipótesis sobre los posibles crímenes atroces perpetrados en Venezuela en perjuicio de los indígenas afectados por el Arco Minero del Orinoco ('AMO') en el Estado Bolívar, así como por la minería ilegal efectuada por fuerzas irregulares extranjeras, garimpeiros y el crimen organizado en otras zonas de esa localidad y en los estados Amazonas y Delta Amacuro, con efectos en países de la Amazonía. Se trata de identificar y hacer visibles los factibles crímenes y las actividades destructivas de la selva tropical del Sur del Río Orinoco, en perjuicio directo e inmediato del hábitat, así como de la vida e integridad de los pueblos y comunidades indígenas que son impactados por el AMO, tanto en su existencia y supervivencia como por su condición de ser los guardianes ambientales y del territorio. Se destaca la importancia y necesidad de que el Fiscal ante la Corte Penal Internacional realice la investigación en el terreno, sobre la base de los fundados elementos que indican que se han perpetrado crímenes de la competencia de la Corte Penal Internacional, ante la incapacidad y falta de voluntad del Estado venezolano de efectuar las investigaciones genuinas y relevantes que corresponden. También es necesario que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos continúe profundizando en ello. Igualmente, la Oficina del Defensor Público de las Víctimas de la Corte Penal Internacional puede ejercer representaciones en juicio en la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. De la misma forma, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos puede incidir positivamente en la rectificación de esta política extractiva y sus secuelas.Se anexan la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y la Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos indígenas.
